Los casos de denuncias sobre supuestas gestiones irregulares son sobrados en el ambiente deportivo boliviano.
Antes de los Juegos Suramericanos Cochabamba 2018, un grupo de pedalistas locales acudió a canales de televisión y llevó su voz a medios escritos para exigir algo concreto: la renuncia inminente del ahora expresidente de la Federación Boliviana de Ciclismo (FBC), Edgar Herrera.
Los deportistas, encabezados aquella vez por el tarateño Gilver Zurita, la aiquileña Yeneth Amurrio y el anzaldeño Freddy Gonzáles, habían dejado en evidencia su descontento con el exdirigente por aparente falta de transparencia en las decisiones al interior de la institución.
“El ciclismo tiene que renacer. Por favor, renuncie don Edgar”, rezaba uno de los carteles que enarbolaban los atletas, en abril pasado.
En la pelota vasca, la situación es también crítica. El 28 de septiembre de la presente temporada, un grupo de deportistas ofreció una conferencia de prensa urgente en Cochabamba. Entre ellos se encontraba Alan Rocha, uno e los exponentes más sólidos del país. El reclamo era clarísimo: el paso al costado del mandamás de la Federación, César Bolívar.
Los pelotaris consideraban (aún se mantienen en esa postura) que al interior de la entidad federativa sucedieron acontecimientos irregulares, como es el caso de la inclusión de la nuera de Bolívar en un viaje que realizó la delegación boliviana a Francia. Fue en la Copa del Mundo de 2017.
No hace muchos días, también denunciaron actos irregulares en el directorio anterior de la Federación Boliviana de Voleibol. La deaprobación creció tras el aparente negociado de un piso donado al deporte nacional.
Y las cuentas podrían continuar...
El ministro de Deportes, Tito Montaño, reconoció que su despacho recibió peticiones para que su cartera “intervenga” las instituciones deportivas.
“Tenemos muchas solicitudes para que el Ministerio de Deportes intervenga las entidades. No lo hemos hecho, hasta ahora, porque esperamos a que las mismas tomen consciencia del rol que cumplen”.
Montaño admitió, además, que analizó la posibilidad de que el Viceministerio sea, precisamente, el “fiscalizador directo” de las acciones federativas. No obstante, la intención se frenó debido a que tuvo prioridad la concreción de los Suramericanos de mayo pasado.
“Queríamos hacerlo. Había una tarea de esa naturaleza, pero a través del Viceministerio de Deportes, entidad encargada de llevar adelante este trabajo. No se pudo porque teníamos un compromiso internacional muy importante”.
De acuerdo con su análisis, lo que incide en la suerte de “vacío” que existe en el control de las gestiones dirigenciales se centra en la no consolidación de las leyes departamentales y municipales del deporte.
“Lo que se había informado y socializado, en su momento, es que todos los municipios de cada departamento deben elaborar sus propias leyes porque poseen sus direcciones municipales. Las gobernaciones deberían haber elaborado, también, sus leyes del deporte. En función a eso tendría que fiscalizarse ambos niveles”.
La conclusión es que el Ministerio debe fiscalizar a los entes federativos, “pues la competencia es a nivel nacional”.
Montaño es consciente de las quejas en torno a las federaciones. “Como pasó en los Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018 con el combinado boliviano de futsal, lo que sucedió en el tema de la selección de ráquetbol. Así, sucesivamente”.
“Creemos que ha llegado el momento de formalizar la actividad de las instituciones”.
Este mes, la cartera estatal y el Comité Olímpico Boliviano (COB) acordaron dar un plazo (hasta diciembre) para que las entidades máximas de las disciplinas presenten avances en cuanto a sus personerías jurídicas.
Montaño cree que ya tuvieron tiempo suficiente para adaptarse a lo que indica la Ley Nacional del Deporte.
Inscribirse en el Registro Único Nacional es fundamental para que los establecimientos puedan representar al país de forma legal en eventos internacionales. De lo contrario correrán sanciones.
No hay comentarios:
Publicar un comentario