La exhortación del presidente de la Brigada Parlamentaria, Ademar Valda, de acelerar la expropiación de los terrenos del Club Hípico para la construcción del estadio El Batán para los Juegos Odesur 2018 ratificó que el proyecto aún no cuenta con los estudios de suelo ni Técnicos, Económicos, Sociales y Ambientales (TESA).
“Pedimos al Club Hípico que no continúe obstruyendo para que se realice el depósito judicial y se entreguen los predios al Ministerio de Obras Públicas. Así se podrán realizar los estudios de suelos. Nuestra preocupación es el retraso y que no se cumpla con los tiempos establecidos”, declaró Valda.
El diputado explicó que según el informe del Ministerio de Obras Públicas, una vez que se aprobó la Ley de Expropiación, se recibió el primer avalúo con las exigencias del Club Hípico. Luego, el Ministerio presentó la segunda valoración con un monto económico que no se dio a conocer, pero que no fue aceptado por los propietarios. Por este motivo se determinó un tercer avalúo, que tampoco fue aprobado por el club.
Sin embargo, el Ministerio no puede realizar más acciones, pues antes el Club Hípico debe presentar la razón social a la que corresponde. Por el momento, los propietarios no dieron a conocer este dato y se está demorando en el proyecto, aseguró.
“El Club Hípico todavía no acreditó un derecho real. No sabemos si es una fundación sin fines de lucro, una empresa privada o bajo qué funciones se desempeña. Una vez que se tenga esto se procederá al depósito judicial. Es una obra para el departamento y no puede haber intereses privados por encima de la necesidad departamental”, dijo.
El conflicto para la expropiación de los predios del Club Hípico data de casi un año. Valda aseguró que las obras deben iniciarse en enero, caso contrario habrá un retraso de consideración. En diferentes oportunidades el jefe de Estado, Evo Morales, amenazó con llevar el proyecto de construcción al trópico.
El representante del Club Hípico Nacional, Eduardo Calatayud, informó que el proceso de expropiación está paralizado, porque se planteó un recurso de inconstitucionalidad a la Ley 668 mediante el cual se pretende hacer la compra forzada. Dijo que la anterior semana debía sortearse al vocal que resolverá la demanda que presentó primero la diputada Norma Piérola. Explicó que por tratarse del mismo, la segunda petición que se presentó se puede añadir.
En tanto que la apelación al proceso que inició la Alcaldía y que en 2014 volvió a foja cero, porque la jueza se declaró sin competencia, se atenderá próximamente en el Tribunal Primero en lo Civil de Cochabamba. El último avalúo que esta instancia fijó fue de 57 millones de dólares, en tanto que el Ministerio determinó alrededor 30 millones de bolivianos.
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