Polémica y hasta parece que consensuarla para el Estado será complicado. El anteproyecto de la ley nacional del deporte, cultura física y recreación, que contempla artículos que se refieren a la fiscalización, intervención, en caso del incumplimiento de algunas normas, y penas de tres a ocho años de cárcel para los dirigentes, levanta polvareda. Es más, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) lo rechaza por considerarlo anticonstitucional y por que va en contra de las normativas de la FIFA y del Comité Olímpico Internacional (COI).
El ministro de Deportes, Tito Montaño, fue claro ayer al afirmar que el fútbol amateur y profesional estará bajo la tutoría de su ministerio. Además agregó que podrá intervenir cualquier institución deportiva si hay acefalía en la dirigencia, si hay peligro de daño patrimonial o económico, o por falta de presentación de un plan operativo anual.
Los dirigentes también son parte de este cambio, pues en el Título X de la ley figuran los delitos en el ámbito del deporte, con penas privativas de libertad que van desde los tres hasta los ocho años, dependiendo de las faltas contempladas: malversación en el ámbito del deporte, apropiación o sustracción, enriquecimiento ilícito, soborno y tenencia de armas y artefactos explosivos en escenarios deportivos.
Para motivar el patrocinio al deporte, en el artículo 131 se propone establecer incentivos tributarios para las empresas que apuesten por invertir en este ámbito. También queda exenta de tributación la importación de equipamiento deportivo, previa autorización del Ministerio de Deportes, que espera difundir el anteproyecto hasta mediados de febrero para tener un documento final.
Críticas de la FBF
Luego de realizar un análisis inicial del anteproyecto de la ley del deporte, que le llegó a sus manos el 8 de enero, la FBF hizo conocer su postura al ministro de Deportes, Tito Montaño, y al presidente Evo Morales, en documentos recibidos el 19 y el 29 de enero, respectivamente.
En la postura federativa se expresa que el anteproyecto persigue, sin sustento constitucional ni base jurídica, convertir al deporte en un servicio público, entre otras cosas. “El objetivo es regular y fiscalizar al fútbol como si fuera una cooperativa de agua o luz. También se persigue la intervención física y material por algunas faltas a las normas. Todo ello es una tontería”, sostuvo el abogado Eduardo Salamanca, que estuvo a cargo de elaborar la postura.
Los artículos discutidos
Entre los artículos polémicos que contiene el anteproyecto está el 56, que se refiere a las federaciones que deberán actuar bajo la coordinación, tutela y fiscalización del Ministerio de Deportes. Allí, en el punto 7 de los deberes, dice: “Rendir cuentas públicas del manejo de los fondos públicos y privados aportados a estas y a sus afiliados y al Ministerio de Deportes”.
“La FBF nunca dijo que no quiere que la fiscalicen, pero cuando el dinero sea del Estado. De los fondos privados se rinde cuenta a otros organismos, como la Conmebol o la FIFA”, agregó Salamanca, que hasta hace algunos meses era presidente de Real Potosí.
Para el dirigente, el artículo 60 es contradictorio, pues en su inicio habla de que la FBF se regirá por intermedio de la normativa FIFA y de la Conmebol, pero luego, al final, dice: “El fútbol profesional actuará bajo la rectoría del Ministerio de Deportes”
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