Pasó casi una semana desde que los directivos del Club Hípico Nacional tuvieron que juntar sus pertenencias y mudarse de un lugar que ellos consideraron su casa durante 49 años. Ya no se reúnen en el despacho principal que funcionaba en las instalaciones de la histórica entidad, mismo que ha sido una suerte de espacio sagrado en el que los debates al calor de la resonante expropiación han ganado el total del tiempo en los últimos meses.
Desde otro lugar, improvisado tal vez, el mandamás y el vicepresidente del Hípico, Eduardo Calatayud y Ricardo Ureña, respectivamente, continúan sosteniendo sus reuniones junto al resto de los integrantes del equipo para tratar de revertir el problema en el que se vieron envueltos tras la toma de sus 1.870 metros cuadrados que serán destinados a la construcción de un estadio de fútbol con capacidad para 60 mil personas.
Ureña, quien hace dos semanas (antes de la concreción del desapoderamiento que se dio el viernes con la presencia de efectivos policiales) ponía en conocimiento público la misión “ambientalista y deportiva” del Club en conferencia de prensa, recalcó ayer que la toma de los predios se dio de forma “avasalladora” y sin haber respetado los procesos que están “pendientes” tanto en el Tribunal Constitucional como en el Tribunal Supremo de Justicia.
“Claro que tenemos esperanza en que esto se revierta”, dijo Ureña.
Ureña y Calatayud identificaron, además, tres elementos que no han sido tenidos en cuenta en la toma de los terrenos: el primero es que aún no hay una respuesta sobre la acción de inconstitucionalidad abstracta de la Ley 668 presentada ante el Tribunal Constitucional. El segundo es que el Club ha tramitado un recurso administrativo contencioso mediante el que pide la nulidad de la Ley 097, misma que “señala que el proceso se dio para construir El Batán”.
Por último, el directorio resaltó que aún sostiene un juicio con la Alcaldía de Cercado que estaría en el Tribunal Supremo. Se trata del trámite de casación (anulación de sentencia).
OPINIÓN intentó citarse con el juez Edgar Balderrama, quien determinó el proveído de desapoderamiento. Sin embargo, su equipo de trabajo informó que Balderrama solicitó no dar audiencias.
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